El líder del sindicato de la construcción es investigado por su supuesto pasado como espía de la dictadura. Los organismos de derechos humanos que lo denunciaron aseguran que existen maniobras del gobierno para protegerlo. El juez les negó la posibilidad de presentarse como querellantes, a pesar de que un fallo judicial y una ley los avala para hacerlo.
Por Agustín Ciotti || @agustinc0087 || 04-07-2013
Una nueva decisión judicial benefició, el 25 de junio pasado, al secretario general de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), Gerardo Martínez, en la causa que lo investiga por su presunto pasado como agente del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 del Ejército, durante la última dictadura militar. El juez a cargo del expediente, Ariel Lijo, rechazó la participación de organismos de Derechos Humanos como querellantes, desoyendo el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que el 15 de febrero último había exigido al magistrado que permitiera el acceso de dichas entidades a la causa.
Lijo justificó su resolución en que "la indeterminación de un hecho concreto imputable a una persona denunciada imposibilita al tribunal analizar su legitimación para cumplir el rol de querellantes de este proceso", es decir, que insiste en la falta de evidencias en contra del sindicalista, argumento que ya había utilizado con anterioridad para intentar cerrar el expediente. Las organizaciones que llevan adelante la imputación de Martínez rechazan la interpretación de Lijo pues consideran que la participación de agrupaciones defensoras de Derechos Humanos en juicios por crímenes de lesa humanidad está legalmente respaldada. En efecto, la Ley N° 26.550, sancionada en noviembre de 2009, introdujo una modificación al Código Procesal Penal de la Nación, plasmada en el artículo 82 bis, que establece que "Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados".
"No nos sorprende la conducta del juez porque desde un principio tanto el gobierno como la Justicia se han comprometido en la defensa irrestricta de Gerardo Martínez y de todos los que han pertenecido a la inteligencia durante la dictadura", reconoció a Revista Alrededores Víctor Grossi, titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), gremio disidente de la UOCRA y una de las organizaciones impulsoras de la denuncia. "Lo que nosotros exigimos ahora es que se cumpla lo que determinó la Cámara Federal, para poder entrar al expediente y aportar nuevos elementos de prueba", agregó.
El SITRAIC, junto con organizaciones como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) -que nuclea abogados comprometidos en causas de violaciones a derechos humanos-, entre otras, presentaron la denuncia en julio de 2011. Desde entonces, la causa ha tenido varias idas y vueltas. En primer lugar, el propio juez Lijo había caracterizado al Batallón 601 como “un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad”, sin embargo, parece haber cambiado de opinión desde que se confirmó que Martínez figuraba en el listado de las personas que habían prestado servicios al Ejército, como personal civil, durante los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El 21 de septiembre último, el magistrado archivó el expediente por considerar que no existían pruebas suficientes para incriminar al jefe de la UOCRA.
Aquella resolución despertó la indignación de quienes lo denunciaron y luego de varias protestas y pedidos de audiencia a la Cámara Federal de Apelaciones, consiguieron una cita para el 29 de noviembre pasado, la cual fue suspendida de manera repentina veinticuatro horas antes. Inmediatamente, fijaron como nueva fecha el 13 de diciembre, pero también fue cancelada. Recién a mediados de febrero, con el fallo de los camaristas Horacio Cattani, Martín Iruzun y Eduardo Farah, la investigación parecía destrabarse, no obstante, con el reciente pronunciamiento de Lijo dicha posibilidad quedó descartada.
Las dificultades para avanzar en el esclarecimiento del caso Martínez se explican, según Grossi, en la cercanía del líder de la UOCRA con la Casa Rosada. Las organizaciones denunciantes sospechan que la impunidad de Martínez no es otra cosa que un mecanismo de extorsión del que dispone el gobierno para inmovilizar a la UOCRA, en un contexto marcado por la crisis que afecta a la actividad de la construcción, desde hace varios meses. Pero para el secretario general del SITRAIC existe otra razón fundamental y es la supuesta complicidad de Martínez en negociados espurios vinculados con la obra pública. "El gobierno no puede entregar a Martínez porque es su socio en el vaciamiento de la obra pública. Hay varios ejemplos muy graves: la situación con la obra hídrica en la región del sur del Conurbano es tremenda. Las inundaciones fueron una tragedia anunciada. Es lo mismo que pasa con los ferrocarriles. Lo propio ocurre con la política de viviendas -270.000 viviendas hizo el kirchnerismo. Menos que Menem-; la energía -la estafa de Atucha II es el ejemplo claro. Llevan gastados más de 10.000 millones de dólares y no va a funcionar-; las rutas -todas las carreteras del país están destruidas-; y como éstos hay muchos ejemplos más", advirtió Grossi, y sentenció: "Todos estos desastres son consecuencia del robo de la obra pública por parte del gobierno, con el ministro (de Planificación Federal) Julio De Vido a la cabeza, y Gerardo Martínez está sentado en esa mesa".
Luego de la división de la Confederación General del Trabajo (CGT), ocurrida el año pasado, Martínez estaba llamado a conducir la central oficialista, emergida tras la ruptura, pero su candidatura se diluyó cuando volvió a circular por la opinión pública su pasado como agente civil del Batallón 601. En 2010, el Juzgado Federal de La Plata solicitó al gobierno levantar el secreto de Estado sobre el batallón, en el marco de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar que todavía se llevan a cabo. Misteriosamente, el nombre de Martínez había desaparecido de los registros, hasta que en julio de 2011, el SITRAIC accedió a la nómina original y allí el líder de la UOCRA sí figuraba. Se presume que la Secretaría de Derechos Humanos, por entonces a cargo del ya fallecido Eduardo Luis Duhalde, intervino para protegerlo antes de que se publicara el listado.