Culmina el proceso judicial por la asesinato del joven activista, hace dos años y medio. Podrían condenar a perpetua al ex líder de la Unión Ferroviaria. Las querellas exigen que se investiguen las responsabilidades políticas. Se espera una movilización masiva en los Tribunales de Comodoro Py.
Por Agustín Ciotti || agustinc0087@gmail.com || 18-04-2013
La Justicia dará a conocer mañana la sentencia en el juicio oral por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010. La suerte de los 17 imputados se resolverá cuando los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°21 den lectura al veredicto, luego de ocho meses desde el inicio del proceso.
El asesinato de Ferreyra, de 23 años, se produjo mientras participaba de una movilización en la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca junto a trabajadores tercerizados del sector que reclamaban su pase a planta permanente. Aquel mediodía, los manifestantes fueron interceptados por una patota ligada al sindicato de la Unión Ferroviaria (UF), cuando se disponían a cortar las vías, y atacados con piedras, palos y armas de fuego. Los disparos que se efectuaron provocaron la muerte del joven y heridas de gravedad a sus compañeros Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre.
Tanto las querellas como la Fiscalía pidieron la prisión perpetura para el ahora ex secretario general de la UF, José Pedraza y su mano derecha, el ex secretario administrativo, Juan Carlos "el Gallego" Fernández -señalados como los presuntos instigadores de los ataques a los manifestantes-; el ex titular de la Comisión de Reclamos del gremio ferroviario, Pablo Díaz -acusado de haber comandado al grupo armado en la escena del crimen-; y los barrabravas Cristian "Harry" Favale y Gabriel "el Payaso" Sánchez -sindicados como los tiradores en el momento de la emboscada, aunque muchos testigos cargaron directamente contra el primero-. También se encuentran procesados cinco integrantes más de la patota y siete agentes de la Policía Federal, cuestionados por haber liberado la zona y facilitado las agresiones.
Para el PO, que representa en el juicio a los militantes heridos -la familia Ferreyra es asesorada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, no caben dudas de que se trató de un plan criminal coordinado por la Unión Ferroviaria, la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) -concensionaria del servicio del Roca- y funcionarios nacionales del área de Transporte, con el fin de disciplinar a los tercerizados y preservar el negocio de la subcontratación en el ferrocarril. También responsabiliza al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien por aquel entonces tenía el control de las fuerzas policiales -todavía no se había creado el Ministerio de Seguridad de la Nación-. Fernández defendió la actuación de la Policía, al día siguiente del asesinato de Ferreyra, y responsabilizó por el mismo a un "tarado que salió de su casa con un arma".
En esta línea, las abogadas que patrocinan al partido que lidera Jorge Altamira en el caso, Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, reclamaron que la Justicia avance sobre las responsabilidades de la compañía -que el mediodía del crimen otorgó franco a varios de sus empleados para que fueran a Avellaneda a impedir el corte-; los ex titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna, respectivamente -el propio Pedraza reconoció que fue Schiavi quien le informó sobre la medida de fuerza, el día anterior-; y Aníbal Fernández -los policías procesados declararon a su turno que actuaron de acuerdo a "órdenes políticas"-.
Con respecto a la situación de los agentes de seguridad, las letradas rechazaron la postura de la Fiscalía, encabezada por María Luz Jalbert, que en su alegato, el 26 de febrero pasado, sostuvo que la conducta de los mismos la jornada del crimen se ajusta a la carátula de "abandono de persona" y no de "partícipes necesarios", como argumentaron las representantes del Partido Obrero. "Si el tribunal acepta el planteo de los fiscales y condenan a los policías por 'abandono de persona' ello supondría que las fuerzas de seguridad fueron apenas responsables de un accionar negligente, cuando nosotros estamos denunciando que formaron parte de un plan criminal premeditado", afirmó Ferrero a Revista Alrededores. "La idea de un comportamiento negligente por parte de la Policía relativizaría la hipótesis de que existieron responsabilidades políticas detrás y condicionaría la profundización de la investigación sobre los funcionarios que estamos pidiendo", agregó.
Las defensas, por su parte, repitieron en sus argumentaciones finales que el de Ferreyra fue un "homicidio en riña", de lo que se desprende que ambos grupos -el de los militantes y tercerizados y el de los ferroviarios y barrabravas- habrían sido responsables de agresiones mutuas. Algunos de los abogados fueron más allá y sugirieron que si hubo un plan siniestro, éste fue obra los integrantes del PO para matar a algún ferroviario y herir a policías. Fue el caso de Hilario Lagos, defensor del subcomisario Luis Echavarría, uno de los agentes imputados.
En términos generales, las defensas de los policías y miembros de la patota ensayaron una defensa coordinada, con la excepción de la representante de Favale, Florencia Hegglin, quien advertida acerca de que la situación de su cliente es la más complicada acusó a los ferroviarios de haber utilizado al barrabrava como "chivo expiatorio" para salvar la reputación de la Unión Ferroviaria. Según Hegglin, ninguna de las pruebas aportadas por los testigos que señalaron a Favale como el tirador es contundente y apuntó contra los miembros del gremio como los "verdaderos culpables".
También se conocieron públicamente, el lunes 8, las conversaciones telefónicas grabadas entre Pedraza y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, correspondientes al 14 de enero de 2011 -es decir, casi tres meses después del crimen de Ferreyra- en las que el funcionario "aconseja" al líder sindical cómo "trabajar políticamente" a los tercerizados para evitar nuevas movilizaciones. Las escuchas, que ya se conocían desde entonces y que fueron reproducidas en el juicio el 5 de febrero pasado, confirma, según las querellas, "los vínculos entre el poder político y la burocracia sindical en contra de los trabajadores del ferrocarril".
Mañana, desde las 9, mientras la Justicia comunica al país su decisión, una multitud aguardará expectante en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro. Los compañeros del PO de Ferreyra, sin embargo, habrán acampado allí desde la noche anterior. Es que quieren llegar primeros que nadie a conocer la sentencia.