[ENTREVISTA A CHRISTIAN CASTILLO PARTE I] En diálogo con Revista Alrededores, el sociólogo, docente y dirigente del PTS, analizó el conflicto salarial entre el gobierno y las fuerzas de seguridad, responsables de espionaje ilegal a activistas, a través del “Proyecto X”. A casi un año de las denuncias, los agentes de Gendarmería sufrieronun golpe a sus ingresos. ¿De qué lado está la izquierda?
04-11-2012
Por Agustín Ciotti – ciopy_agustin87@hotmail.com
En 2009, la empresa multinacional de alimentos Kraft despidió a más de 150 trabajadores. Esta situación derivó en una huelga que se extendió durante un mes. La misma incluyó cortes reiterados en la avenida Panamericana y, casi 60 días después de estallado el conflicto, muchos de los movilizados vieron abrirse numerosas causas judiciales en su contra. El delegado de la Comisión Interna de Kraft y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Javier Hermosilla, contó en el periódico La Verdad Obrera, el 16 de febrero pasado, que junto a sus compañeros fue espiado por agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad. Éstos estaban vestidos de civil -más precisamente de cronistas- y se infiltraban en las protestas para identificar a los “cabecillas”. “Nosotros conocíamos a los periodistas que nos iban a hacer notas. Pero en el medio estaban otras personas con cámaras. Nos llamaba la atención”, recordó Hermosilla en la mencionada publicación.
En noviembre de 2011, organismos de Derechos Humanos encabezados por el Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CEPRODH) realizaron una denuncia ante la Justicia en contra de la Gendarmería Nacional por espionaje en perjuicio de activistas y militantes de organizaciones políticas, gremiales y sociales. Un mes más tarde, el entonces titular de Gendarmería, comandante Héctor Schenone, reconoció por escrito al juez Norberto Oyarbide la existencia de una base de datos llamada “Proyecto X”, de la que se había valido la fuerza para procesar a los dirigentes del conflicto de Kraft. La conducta de la Gendarmería, según los denunciantes, viola la Ley de Inteligencia Nacional. Los datos relevados por el “Proyecto X”, por otra parte, incluyen tanto información personal de los militantes (DNI, CUIL, CUIT, N° de licencia de conducir, etcétera) como registros de transacciones bancarias, operaciones inmobiliarias y demás.
Pero a principios de octubre de este año ocurrió una situación inédita: el martes 2, el país amanecía con una protesta de agentes de Prefectura Naval frente al Edificio Guardacostas, ubicado en las inmediaciones del barrio porteño de Puerto Madero, luego de que sus ingresos se vieran groseramente recortados como consecuencia de una resolución del Poder Ejecutivo. El Decreto 1307/12, emitido el 4 de septiembre y firmado por la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; la ministra de Seguridad, Nilda Garré; y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, confirmaba la reestructuración de los haberes del personal de Prefectura y Gendarmería. En efecto, fueron varios los agentes de dichas fuerzas que sufrieron una abrupta caída de su salario “en mano”. Como era de esperarse, al día siguiente, los gendarmes se sumaron a la medida de fuerza y se concentraron en la entrada del Edificio Centinela, ubicado en Retiro. De la noche a la mañana, aquellos sectores acostumbrados a disuadir las protestas sociales y a espiar a sus protagonistas, se vieron obligados a movilizarse para repudiar el “ataque a sus bolsillos”.
El dirigente del PTS Christian Castillo, ex candidato a vicepresidente de la Nación en 2011 por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), reconoció a este medio que se trató de una situación excepcional. Sin embargo, advirtió que la naturaleza del reclamo de Gendarmería en nada se asemeja a la de los reclamos de la clase obrera. También aprovechó para referirse a otras cuestiones que rodean a la causa del “Proyecto X”, tales como el desempeño del juez a su cargo y la postura del Ministerio de Seguridad frente al escándalo desatado tras las denuncias.
En apenas unos meses, la Gendarmería pasó de espiar a dirigentes sociales a pararse en la vereda de enfrente. ¿Cuál es su posición y la de su partido a propósito de la protesta salarial de los principales responsables del “Proyecto X”?
Son dos cuestiones diferentes. Por un lado, lo del espionaje que tiene que ver con el pase a funciones de la policía interna por parte de Prefectura y Gendarmería, responsables del crecimiento de estas actividades que se realizaron violación mediante de la restricción de la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que está prohibido que estas fuerzas almacenen datos de organizaciones gremiales y políticas (Artículo 4°). Para llevar a cabo los juicios a quienes cortaban las rutas se utilizaban datos recabados previamente por los gendarmes, que juegan un papel de represión interna muy importante, ya sea cumpliendo tareas policiales como desalojando rutas. Para legitimar su intervención se valen de un artículo retrógrado del Código Penal, el 194, que es sumamente discutible, pero ellos lo interpretan como un delito federal [Dice el mencionado artículo: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra (...) será reprimido con prisión de tres meses a dos años”]. Por otro lado, lo que efectivamente tiene algo de paradójico, es que los responsables de reprimir las protestas salariales -muchas de ellas, contra el trabajo en negro en el Estado- estén ellos mismos abocados a un reclamo similar. Por supuesto que ésto ha abierto un debate en las filas de la izquierda y nosotros creemos que no puede equipararse esta demanda a las de la clase obrera porque lo que la caracteriza a este caso es la función represiva que desempeña la Gendarmería. Estamos hablando de un reclamo corporativo, lo cual significa que finalizado el mismo -independientemente de si con resultado favorable o no para quienes lo impulsan- estos sectores van a volver a cumplir tareas represivas como lo hicieron hasta ahora. No se trata de una medida de fuerza que obedece a una negativa por parte de las fuerzas de seguridad a seguir reprimiendo. Por ello sostenemos que sería un error considerarlo como propio de la clase obrera. El salario de las fuerzas de seguridad, aquí, no es determinante de su conducta.
También se ha debatido acerca de si es conveniente o no que las fuerzas de seguridad se sindicalicen. La polémica dejó al descubierto varias opiniones, todas ellas diferentes, incluso en el seno de la izquierda. ¿Ustedes creen que es viable esta opción?
No estamos ni a favor ni en contra de la sindicalización de Gendarmería y Prefectura. Por otro lado, no consideramos posible la democratización de estos sectores, más bien afirmamos la necesidad de que sean suprimidas las fuerzas represivas del Estado. Ahora bien, yo no me atrevería a descartar que en determinadas circunstancias, éstas se subordinen y digan: "No estamos dispuestos a reprimir las luchas populares, no queremos cumplir con esa tarea". Pero está claro que no es lo que está ocurriendo. Básicamente, es por ello que no estamos de acuerdo con las posturas asumidas desde algunos espacios, incluso de la izquierda, y hasta la propia CGT (de Hugo Moyano), que ha apoyado desde el comienzo este reclamo.
¿Cómo califica la tarea del juez Oyarbide al frente de la causa del “Proyecto X”? ¿Están conformes con la investigación? ¿Sienten que les ofrece garantías?
No, ninguna. De hecho, vamos a hacer una presentación, detallando todas las maniobras que impulsó Oyarbide mientras la causa estuvo bajo su órbita. Ahora pasó a otro juez. Oyarbide estuvo como subrogante durante casi un año e hizo todo como para que no se avanzara en el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, nombró para las investigaciones a peritos de la propia Gendarmería. En otras palabras, nunca profundizó sobre nuestras denuncias, pero, teniendo en cuenta sus antecedentes, de ninguna manera puede sorprendernos su conducta.
En un primer momento la ministra de Seguridad, Nilda Garré, negó la existencia del procedimiento. Pero luego, en una conferencia de prensa, el 24 de febrero, reconoció que sí existía pero que estaba en "desuso". ¿Cómo interpreta este cambio de posicionamiento?
En realidad, quien más lo había negado es [el senador kirchnerista] Aníbal Fernández, que estaba a cargo de la Gendarmería en 2009, cuando se produjo el espionaje [era por entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos]. Garré primero hizo silencio y después dijo que el procedimiento ya no se utilizaba desde entonces, pero esto es falso porque luego se demostró que fue aplicado a nuevos operativos. Nosotros nos enteramos de que había una base de datos con el nombre de "Proyecto X" a través del ahora ex titular de la fuerza, Schenone [quien fue desplazado durante el conflicto de octubre pasado]. La información que obtuvimos proviene de las declaraciones de los propios gendarmes en los juicios a los trabajadores en las que ellos mismos se refieren a la existencia de los registros. La propia fuerza reconoce que lo necesita para sus investigaciones. O sea, las contradicciones entre el discurso de Garré y la realidad son flagrantes. Trató de tapar el escándalo, tirar la pelota para otro lado, pero terminó siendo cómplice. Podría haber dicho: "No tengo nada que ver, ésto fue hecho por las fuerzas antes de que yo llegara". Tampoco hubiera sido creíble, pero supongamos que hubiese dicho eso. Sin embargo, intentó dar un mensaje como queriendo afirmar que tenía el control sobre las fuerzas y terminó haciéndose responsable del espionaje ilegal.
