Los resultados de las últimas pericias a la sede de Gendarmería dieron crédito a las denuncias de criminalización de la protesta impulsada por diferentes agrupaciones de izquierda. Cuestionan a Garré y a Aníbal Fernández. Pedirán que se indague al ex jefe de Gendarmería.Por Agustín Ciotti || agustinc0087@gmail.com || 08-03-2013
Un allanamiento a la sede de Gendarmería ubicada en Campo de Mayo confirmó esta semana la existencia de la base de datos conocida como "Proyecto X", un mecanismo de inteligencia ilegal utilizado para recabar información personal sobre activistas y dirigentes sociales y gremiales. El resultado surge de una serie de pericias realizadas a los discos rígidos de seis computadoras secuestradas durante el operativo, realizado en septiembre pasado.
En noviembre de 2011, organismos de Derechos Humanos encabezados por el Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CEPRODH) denunciaron ante la Justicia que las fuerzas de seguridad estaban realizando tareas ilegales de espionaje en las movilizaciones sociales. Según los denunciantes, agentes encubiertos de la Gendarmería se infiltraban en las protestas vestidos de civil -más precisamente, de cronistas- para extraer información de los manifestantes. Esta conducta viola una restricción de la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que está prohibido que las fuerzas almacenen datos de organizaciones gremiales y políticas (Artículo 4°).
Las sospechas en dicha dirección comenzaron luego de un conflicto gremial en la empresa multinacional alimenticia Kraft, en 2009, que incluyó una extensa huelga y cortes en la avenida Panamericana, tras la decisión de la firma de despedir a más de 150 trabajadores. Una vez finalizado el mismo, muchos de los movilizados fueron procesados y embargados por iniciativa de la Gendarmería , que llamativamente contaba con información detallada sobre los manifestantes (nombre y apellido, DNI, CUIL, CUIT, N° de licencia de conducir, registros de transacciones bancarias, operaciones inmobiliarias, etc.).
Un mes después de la denuncia del CEPRODH, el entonces titular de la Gendarmería , comandante Héctor Schenone, reconoció ante el juez federal Norberto Oyarbide que la fuerza se había valido de un banco de datos llamado "Proyecto X" para impulsar los procesamientos. El 24 de febrero de 2012, cuando ya se había desatado el escándalo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, negó que la Gendarmería estuviera realizando tareas de espionaje ilegal, aunque advirtió que sería "inflexible" si se comprobaba lo contrario. Schenone finalmente fue desplazado de su cargo, pero no por su responsabilidad por el "Proyecto X", sino después del conflicto entre las fuerzas de seguridad y el gobierno nacional, ocurrido en octubre pasado, como consecuencia de la firma de un decreto que provocó un drástico ajuste en los haberes del personal de Gendarmería y Prefectura Naval.
Otro funcionario señalado por los querellantes en la causa es el actual senador nacional del Frente para la Victoria (FpV) Aníbal Fernández, quien era ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos cuando estalló el conflicto de Kraft y, por lo tanto, tenía a su cargo el control de las fuerzas de seguridad. El ex jefe de Gabinete se encargó de desmentir la existencia del "Plan X" (sic) en declaraciones radiales, el 17 de febrero de 2012. Sin embargo, los últimos peritajes desacreditan judicialmente su versión.
"(Garré) Trató de tapar el escándalo, tirar la pelota para otro lado, pero terminó siendo cómplice. Intentó dar un mensaje como queriendo afirmar que tenía el control sobre las fuerzas y terminó haciéndose responsable del espionaje ilegal", dijo Christian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), a Revista Alrededores, el 4 de noviembre pasado.
Consultado nuevamente por este medio, Castillo afirmó que teniendo en cuenta las trabas y las demoras por parte de la Justicia en habilitar el allanamiento, es "muy posible" que muchas pruebas hayan desaparecido. El dirigente, ex candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), confirmó que pedirán que sean indagados Schenone y otros miembros de la cúpula de Gendarmería, algunos de los cuales continúan en funciones. "Vamos a ir por Schenone, aunque sabemos que el hecho de que ya no se encuentre al frente de la fuerza no facilitará de ningún modo el camino. Van a intentar protegerlo porque hay responsabilidades políticas muy claras detrás de él", aseguró.
Por lo pronto, los nuevos documentos hallados están a disposición del juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal N°7 -Oyarbide era juez subrogante-, y de los denunciantes. Según trascendió, son más de 500 documentos almacenados en varios discos compactos, que ratificarían que la Gendarmería aplicó su protocolo de vigilancia a referentes de diferentes agrupaciones, como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Partido Obrero (PO), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIDJ) e incluso a familiares de Cromañón, entre otras.