Los defensores de los imputados denuncian que fueron violadas sus garantías, pero el fiscal y una querella lo negaron. Los jueces rechazaron, por otra parte, recusar al perito que realizó el informe que sostiene que los frenos del tren funcionaban.
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Por Agustín Ciotti || @agustinc0087 || 31-03-2014
En la tercera audiencia del juicio por la Tragedia de Once, la Fiscalía y una de las querellas solicitaron hoy el rechazo a los pedidos de nulidad del proceso, presentados la semana pasada por casi todas las defensas de los imputados, incluida la del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Los abogados habían basado sus reclamos en supuestas irregularidades que habrían afectado garantías de los acusados, cometidas durante la etapa de instrucción, previa al inicio del juicio que tiene lugar en la sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, situados en el barrio porteño de Retiro.
En primer término, el fiscal de la causa, Federico Delgado, recomendó al Tribunal Oral Federal N° 2 –encargado de llevar adelante el debate oral y público- desestimar los planteos, argumentando que “en ningún caso las defensas consiguieron demostrar algún acto de agravio en perjuicio de sus defendidos”, por lo que calificó las presentaciones como meras maniobras dilatorias. “Estos pedidos sólo buscan prolongar innecesariamente el proceso y, eventualmente, retrasar una posible condena”, advirtió Delgado. La postura del referente del Ministerio Público fue acompañada por la querella representada por Leonardo Menghini, tío de Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas fatales del choque del tren de la línea Sarmiento contra el andén de la estación de Plaza Miserere, el 22 de febrero de 2012, que dejó, además, más de 700 heridos. “Entendemos que los acusados han ejercido sus derechos de manera oportuna”, aseguró el letrado.
Jaime –secretario de Transporte entre 2003 y 2009- ya había intentado evitar ser juzgado por esta causa, cuando, a principios de febrero de 2013, en su descargo ante la Justicia luego del cierre de la instrucción, sostuvo que ya no era funcionario al momento de la tragedia, por lo que consideraba “arbitraria” su imputación. Sin embargo, finalmente su nombre integra la lista de los 29 procesados por el episodio, entre los que figuran, entre otros, su sucesor en el cargo, Juan Pablo Schiavi; el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; los empresarios Mario y Claudio Cirigliano –dueños de la firma Trenes de Buenos Aires (TBA), ex concesionaria del servicio del Sarmiento -; los ex interventores de la Comisión Nacional para la Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro; y el maquinista de la formación que protagonizó el choque fatal, Marcos Antonio Córdoba.
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Los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara también rechazaron la recusación contra el perito Néstor Luzuriaga –presentada por Menghini- por el informe dado a conocer pocos días antes del comienzo del juicio, en el que se indicaba que los frenos del coche funcionaban correctamente la jornada de la tragedia. La querella había sostenido que Luzuriaga fue contratado en varias ocasiones para realizar trabajos por la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) -empresa creada luego del desplazamiento de TBA, para hacerse cargo transitoriamente de la administración del Sarmiento- y que, por lo tanto, las conclusiones de su evaluación eran “tendenciosas” y “subjetivas”.
Sin embargo, los magistrados lo desecharon por considerarlo “extemporáneo” (fuera de término), de acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, aunque aclararon que los resultados de la pericia podrán ser evaluados en una etapa posterior. “En realidad, lo que se rechazó fue el pedido de recusación, pero a la hora de dictar sentencia el informe será tenido en cuenta, junto con la presentación hecha por nuestro abogado”, contó a Revista Alrededores María Luján Rey, madre del joven Lucas Menghini Rey, quien agregó que existe una clara intención de las defensas de demorar el avance de las audiencias. “Desde la instrucción están presentando recursos para que el juicio se detenga, o se preocupan por dirimir cuestiones banales. No tienen ningún apuro en escuchar las sentencias y esa es otra de las cosas que nos diferencian. Nosotros queremos que la justicia llegue lo antes posible”, aseguró.
El juicio comenzó el 18 de marzo pasado y se prevé que se extienda durante varios meses. La cuarta jornada se llevará a cabo mañana. El tribunal investiga los posibles delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación. Además de la conducta del motorman, también es cuestionada la administración de los subsidios estatales destinados a TBA desde el área de transporte, para el mantenimiento de la infraestructura del ferrocarril Sarmiento y la pasividad del organismo de control, la CNRT, que no tomó ninguna medida frente a las presuntas violaciones al contrato de concesión, por parte de la compañía de los hermanos Cirigliano. Ocurre que ya en 2003 un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) había advertido sobre “ el deficitario estado general de conservación que presenta el servicio (del Sarmiento)" y apuntaba sobre el carácter “ineficaz” de la gestión de TBA.