El viernes se realizó una marcha a la sede de la Cámara de Casación, que revisará las penas. El Partido Obrero (PO) denuncia que podría estar gestándose una trama de impunidad. Hay actividades para homenajear al activista caído en 2010. Alrededores dialogó con Marcelo Ramal, economista y candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
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Por Agustín Ciotti || @agustinc0087 || 20-10-2013
Se cumplen hoy tres años del crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, ocurrido en 2010, mientras participaba de una movilización junto a trabajadores ferroviarios tercerizados de la línea Roca, que reclamaban a la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) el pase a planta permanente. El aniversario llega seis meses después del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°21 que condenó a los principales responsables de su muerte y a menos de uno de haberse conocido la noticia de que la Sala III de la Cámara de Casación Penal revisará las sentencias.
Esta última resolución de la Justicia ha despertado la preocupación de las organizaciones más comprometidas con el caso, las cuales advirtieron sobre una posible maniobra destinada a reducir las penas o incluso liberar a los sentenciados. Precisamente por ello, el viernes hubo una concentración en los tribunales de Comodoro Py, situados en el barrio de Retiro, de la que participaron organizaciones de Derechos Humanos y partidos de izquierda. “Nos pareció necesario hacer esta movilización, el día laborable más cercano al aniversario de la muerte de Mariano, porque fue habilitado el pedido de revisión de condenas por parte de la Cámara de Casación y estamos advirtiendo acerca de un probable recorte de penas e incluso una eventual absolución de Pedraza y su patota”, afirmó a Revista Alrededores Marcelo Ramal, dirigente del PO y candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
Por el asesinato de Ferreyra fueron condenados a prisión, entre otros, el ex secretario general del gremio de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y su mano derecha, el secretario administrativo Juan Carlos “el gallego” Fernández –acusados de haber orquestado y monitoreado el ataque a los movilizados a través de una patota armada- (15 años); el ex titular de la Comisión de Reclamos Pablo Díaz –señalado como el representante del sindicato que transmitió las órdenes al grupo armado en el lugar de los hechos, la estación Avellaneda de la línea Roca- (18 años); los barrabravas Cristian “Harry” Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez –identificados como dos de los tiradores- (18 años); y seis policías –cuestionados por haber liberado la zona, permitido el ataque y la fuga de los agresores- (las condenas en estos casos fueron de 8 a 10 años, y uno de los efectivos recibió una sanción económica).
Las querellas tanto de la familia Ferreyra –representada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- como del PO –auspiciada por las letradas Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú- habían solicitado la prisión perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez, argumentando que la muerte de Ferreyra había sido el producto de un plan criminal orientado a la defensa del negocio de las subcontrataciones en el ferrocarril, pero no consiguieron convencer a los jueces del TOC N°21, quienes ordenaron castigos significativamente inferiores a los esperados. Los magistrados caracterizaron el de Ferreyra como un homicidio simple y no un homicidio calificado con concurso premeditado de dos o más personas-según lo establecido por inciso 6°del artículo 80 del Código Penal-, como pedían las partes acusadoras. Ello excluyó la posibilidad de que se impusiera a los acusados la pena máxima. El presidente del TOC N°21, Horacio Días, justificó la resolución durante la lectura del fallo, el 19 de abril último, con las siguientes palabras: “Ese delito –el de homicidio calificado- requiere necesariamente de dolo directo, dolo específico, según la doctrina tradicional. La voluntad única, innegociable, de matar. Los acusadores han probado, a nuestro entender, que existía de parte de la cabeza del sindicato un interés político y un interés económico en reaccionar frente a los cortes de vías. Lo que no han probado es que esto se neutralizaba con la muerte de una persona”.
Por otra parte, desde el partido que lidera Jorge Altamira insisten en que los jueces se aseguraron de salvaguardar a los empresarios de UGOFE -que provocaron un progresivo deterioro de los servicios ferroviarios y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector-; a los ex funcionarios del área de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna –sospechados de haber advertido a los principales directivos de la UF de la movilización del 20 de octubre de 2010-; e incluso al entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, que por aquellos días mantenía el control sobre las fuerzas de seguridad. “No hay que olvidar que tanto el poder político como el sistema judicial se las ingeniaron para dejar afuera de todo este proceso al aparato estatal. Nuestras denuncias en ese sentido fueron rechazadas por el tribunal. Es decir, el juicio fue una suerte de operación quirúrgica para proteger a los más altos mandos del Estado argentino”, agregó Ramal, quien recordó que tampoco fueron consideradas las escuchas telefónicas entre Pedraza y el actual ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recabadas tres meses después del crimen de Ferreyra y en las que se oye al funcionario aconsejando al gremialista cómo “trabajar políticamente” a los tercerizados para evitar nuevas movilizaciones.
El 30 de septiembre pasado, el TOC N°21 accedió a que los recursos de revisión de las sentencias presentados por las defensas de los imputados sean evaluados por Casación. La Sala III de dicha instancia judicial está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Liliana Catucci, quienes en agosto pasado dieron un nuevo revés judicial al joven Fernando Carrera, condenado por lo que se conoce como la Masacre de Pompeya, ocurrida en 2005, en un proceso judicial plagado de irregularidades. Esta situación refuerza la desconfianza de los dirigentes del PO, que insisten en que sólo la movilización popular podrá evitar que Pedraza y el resto de los condenados resulten beneficiados en el corto plazo. “Por supuesto que estamos alertas. Esta sala que condenó a Carrera lo hizo para proteger a la corporación policial y ocultar su responsabilidad en Pompeya. Y en este caso hay también penas a policías que están en juego y por lo tanto nuestra actitud es de enorme preocupación, y por ello mismo llamamos a fortalecer la lucha”, expresó Ramal.
Para hoy está previsto un acto, desde las 10, en el barrio de Barracas, en el lugar en donde cayó Ferreyra, de 23 años, mientras se replegaba junto a sus compañeros, cuando fue alcanzado por un disparo de arma de fuego. La jornada pretende reivindicar la lucha contra la precarización laboral y renovar el pedido de justicia. También se realizarán actividades artísticas, como la pintura de un mural para homenajear al joven activista.